El 7 de agosto de 2010 los manifestantes  dejaron imágenes de los periodistas muertos y desaparecidos en el Ministerio del Interior, en la Ciudad de México, como protesta por el asesinato y desaparición de periodistas, editores y fotógrafos. Foto de Christian Palma.

El periodismo mexicano es un hoy una extensa compilación de anécdotas sobre la violencia. Para la mayoría de los periodistas, los días transcurren entre matemáticas: hay que sumar muertos y heridos, ejecutados, bajas civiles, narcotraficantes, policías, militares y marinos caídos en enfrentamientos o emboscadas, los desaparecidos. En las cuentas, sin embargo, no aparecen los números de periodistas asesinados, secuestrados o levantados por unas horas, unos días o meses incluso. Algunos volvieron y a otros los seguimos buscando.

This article is available in English.De los periodistas asesinados, desaparecidos o secuestrados se sabe muy poco. Casi nada. Sus expedientes se acumulan en el cajón de la desidia gubernamental y los casos poco a poco se van cubriendo de olvido porque en México la suerte y la seguridad de un periodista siempre es cosa suya.

Aun ahora, en medio de la peor situación de violencia que ha enfrentado la prensa en México, siguen siendo muy pocos los interesados y muy tímidos los esfuerzos para garantizar el ejercicio periodístico, la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos. Así, mientras reporteros, fotógrafos y hasta editores cargan sobre sus hombros toda la responsabilidad de su propia seguridad, el gobierno avanza lento en un mecanismo de protección a periodistas que no incluye a éstos ni a representantes de organizaciones de defensa de la libertad de expresión, bajo el argumento de que no hay representación gremial ni hallan un modelo de participación adecuado. Este mecanismo tampoco involucra a las empresas de medios, que hasta ahora se han mantenido completamente ajenas a los riesgos que enfrentan sus periodistas.

La prensa nacional ha mirado con desdén las agresiones contra medios regionales y locales, y su pasividad sólo ha despertado en casos que los involucran directamente, como el secuestro de tres periodistas de las empresas Televisa y Milenio TV, que ocurrió en julio de 2010. Este hecho, sin embargo, levantó por primera vez la indignación colectiva de un gremio que hasta ese momento había llevado a solas el luto por los compañeros muertos y la desazón por los secuestrados.

Por primera vez, desde las redes sociales los periodistas de todo el país hicieron suyo un movimiento que a la fecha sigue vigente en Facebook y Twitter. Con un hashtag como prefijo, lo bautizamos con el nombre de Los Queremos Vivos y lo utilizamos como distintivo para una manifestación de protesta en la que participaron aproximadamente 2 mil periodistas, ciudadanos, estudiantes y algunos funcionarios del gobierno en el Distrito Federal y tuvo réplica en otras 14 ciudades del país. A la fecha, Los Queremos Vivos se ha convertido en la etiqueta de denuncia de agresiones contra la prensa. Periodistas de todo los estados y organizaciones civiles comparten información para alimentar los espacios en redes sociales, que se han convertido en un “muro” virtual de alerta y debate sobre la violencia.

Este movimiento ha venido a llenar un vacío de organización gremial, pero no es una representación formal ni lo pretende; es acaso un símbolo de unidad en torno de nuestra propia integridad, dignidad y derechos como periodistas.

Las tareas pendientes

Los pequeños pasos adelante que los periodistas mexicanos han emprendido por su propia defensa, han dejado atrás otras preocupaciones y necesidades. Hoy la prioridad es la vida: sobrevivir en los estados donde la violencia escala, el narcoperiodismo aparece y el silencio se expande.

Sin embargo, no es justo hablar de autocensura. Los periodistas callan en muchos estados del país porque el crimen organizado los obliga, porque una investigación puede significar la vida y porque el desarrollo profesional y las capacidades de los periodistas son desiguales. No obstante lo anterior, hay esfuerzos individuales y colectivos, de medios, reporteros y fotógrafos empecinados en romper el silencio impuesto y seguir adelante en su labor, capacitándose en medidas de protección y herramientas para la investigación.

Desde el año pasado, cuando nos declaramos corresponsales de guerra en nuestra propia tierra, hemos tenido la atención de organizaciones internacionales que han apoyado los esfuerzos de capacitación. Pero no es fácil. La investigación periodística encuentra caminos cerrados por el crimen organizado y aun por el propio gobierno, que ha recurrido a su facultad para reservar y clasificar información, limitando el alcance de las leyes de transparencia federales y locales. Cada vez más información está clasificada como confidencial y de seguridad nacional y cada vez son más los recursos de revisión para obligar a los gobiernos y autoridades a abrir sus expedientes por la vía legal. El trámite puede durar semanas y el tiempo no sobra a los periodistas mexicanos, la mayoría enrolados en largas jornadas laborales bajo el esquema multimedios de las empresas, el cual obliga a un reportero a trabajar su información para los distintos soportes: papel, internet, radio y televisión. Muchos, además, no cuentan con seguridad laboral (en México carecemos de estadísticas sobre las condiciones laborales de los periodistas), no hay en los medios disposición para impulsar programas continuos de profesionalización ni colegios que la promuevan. Cada quien hace lo que puede con el apoyo de algunas organizaciones y universidades, como Periodistas de a Pie, Prensa y Democracia (Prende) y Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Otros buscan en el extranjero si su medio y sus recursos se los permiten.

A falta de condiciones y capacidades profesionales para emprender el periodismo de investigación, que ejercen apenas unos cuantos reporteros y casi siempre fuera de los medios, el periodismo narrativo sigue siendo la apuesta, pero no es suficiente. Hasta ahora, los casos de corrupción revelados por la investigación propia de periodistas son muy pocos y aprovechan de manera muy limitada los recursos de la tecnología. Insistimos, hay excepciones, pero los problemas de la sociedad mexicana exigen un periodismo que revele y desmonte a fuerza de información las estructuras del poder ilegal y la corrupción si acaso queremos garantizar una democracia de calidad en el futuro.

Elia Baltazar es coeditora en el periódico Excélsior y Daniela Pastrana es  corresponsal en México para Inter Press Service. Son cofundadoras de la red Periodistas de a Pie y Los Queremos Vivos, y estuvieron involucradas en la organización de la protesta en la Ciudad de México, el 7 de Agosto de 2010.

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