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Cubrir la pandemia del coronavirus en Guayaquil, una de las ciudades más afectadas en Sudamérica, ha resultado letal para el periodismo. Hasta el 20 de abril, 13 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que laboraban en esa ciudad han muerto. El doloroso inventario, hecho por la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, incluye a Luis Alberto Flores, de radio Estrella; Olmedo Méndez, de radio Universal Guayaquil; Roberto Román, de WQ Radio; Víctor Hugo Peña, de Ecuavisa; Ángel Sánchez, de la Prefectura de Guayaquil; Manuel Varas, de Radio Caravana; Paúl Tobar de Canal Uno y Augusto Itúrburu, de diario El Telégrafo. A esta lista se suman Carlos Loor, tramoyista de Canal Uno; y Omar Paredes, chofer de diario Extra; Omar Salvatierra, productor radial de i99; Fernando Albán, excamarógrafo de RTS y TC Televisión; Rosendo Escobar Cárdenas, propietario de RVT Satelital 91.5 FM.
Al hilo de esto, la Fundación Periodistas Sin Cadenas ha indagado sobre cómo están trabajando las redacciones en Guayaquil. Lo que salta a la vista es que todos los equipos periodísticos están mermados. Además de los periodistas que lamentablemente han fallecido, hay periodistas contagiados, otros que han pedido no trabajar y otros que han sido aislados por sus circunstancias personales. “Están trabajando con el 40% del personal”, asegura Allen Panchana, periodista independiente y catedrático de la Universidad Católica de Guayaquil. “No tenemos economías mediáticas poderosas que den el respaldo a los periodistas, tengo amigos que se han pagado sus pruebas de COVID-19 y otros que han llegado a dormir en hoteles por miedo a contagiar a sus familiares”.
Los medios que mantienen la cobertura de calle se cuentan con los dedos de una mano. Los diarios Expreso y Extra, que han hecho una cobertura más allá de la información oficial, mantienen a unos 30 periodistas activos. Están divididos en dos grupos de trabajo, que hacen turnos semanales, pero no todos van a la redacción. “En mi grupo iremos unos cinco a la redacción”, cuenta la periodista Cristina Bazán y añade que son menos los que salen a reportear. “Solo una o dos personas están asignadas a hacer recorridos de cosas específicas, eso depende de la coyuntura, a veces vamos a hospitales, cementerios, a ver el tráfico previo al toque de queda”.
Juan Manuel Yépez, editor de contenidos de ambos periódicos guayaquileños, cuenta que los directivos les hicieron decidir cómo iban a trabajar. “Nosotros dijimos vamos a hacer el mejor periódico posible y garantizar a nuestros lectores que todo lo que van a leer está comprobado y contextualizado”. Como eso significaba seguir en movimiento, la empresa les dotó de todos los implementos para protegerse, menos los trajes de bioseguridad, que ya no existen en el mercado local. “La empresa nos ha dado todo para controlar el posible contagio. Además para entrar a la redacción tienes que desinfectarte, te toman la temperatura y te obligan a llevar mascarilla y usar guantes dentro de la redacción”, relata el editor.
El diario Expreso tuvo la particularidad de haber entrevistado a la hermana de la paciente cero, que murió poco después por COVID-19. La periodista Estefanía Ortiz halló a la mujer fuera de su casa, en la ciudad costera de Babahoyo, sin ninguna medida de protección. Con su reportaje evidenció el mal manejo del círculo epidemiológico. Luego se comunicó con el Ministerio de Salud para saber cómo proceder, pero no hubo respuesta. La empresa de comunicación tuvo que pagar su prueba en un laboratorio privado y poner a la periodista en cuarentena hasta descartar la presencia del coronavirus.
La información que las dos cabeceras periodísticas siguieron publicando puso en duda la verdad oficial, sobre todo, con el mal manejo de los muertos en Guayaquil. Eso despertó a un organismo de control, que persiste en la Ley de Comunicación, a pesar de la reforma que se hizo a inicios de 2019. El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación envió dos oficios en los que les exhortó a “mejorar sus prácticas periodísticas” tras la publicación de notas relacionadas con el hallazgo de cadáveres víctimas del coronavirus en las calles de esa ciudad portuaria. La respuesta de los directivos del medio fue contundente: “Todas nuestras noticias (y titulares) son debidamente ponderadas por nuestros periodistas y editores, que reflejan las súplicas de miles de guayaquileños que se enfrentan a una pandemia sin precedentes en la historia de la humanidad. La realidad no la vamos a suavizar, pues hacerlo sería, ahí sí, faltar al ejercicio transparente de nuestro deber de comunicación”.
La maquinaría de comunicación del Estado se ha aplicado a fondo para desmentir las noticias falsas y difundir sus contenidos propios durante la emergencia sanitaria. Además de la actualización de datos, que antes se entregaba dos veces al día y ahora solo por la mañana, las cadenas nacionales con el resumen de la gestión pública son recurrentes y abrumadoras. En muchos casos se reducen a mostrar los recorridos de los funcionarios públicos por hospitales y barrios pobres, la adquisición de insumos hospitalarios y la ayuda humanitaria que llega al país. El riesgo de esto es que muchos medios, que no tienen la posibilidad de hacer coberturas propias, empiezan a reproducir estas piezas que tienen una finalidad propagandística.
La historia de los muertos insepultos que aparecían en los barrios pobres de la ciudad, que ha sido uno de los escándalos que ha trascendido a nivel mundial, no apareció en ninguna de estas piezas. Solo cuando no pudieron negar el colapso de morgues y cementerios, reconocieron el problema, pero empezaron a mostrar la eficacia de la Fuerza Pública que día tras día se ocupa de recoger y enterrar los restos de estas personas. Parecería que ahora todo está controlado, pero las redes sociales siguen arrojando denuncias. Muchas personas denuncian que los cuerpos de sus seres queridos siguen extraviados en los hospitales y otros tantos no saben dónde han sido enterrados. Pero nuevamente las autoridades niegan la evidencia.
La posibilidad de preguntar y repreguntar a las autoridades estuvo vedada hasta hace poco. Eso provocó el reclamo de varios periodistas que a través de una carta colectiva, hecha pública el 10 de abril, pidieron que se cambie la modalidad de las ruedas de prensa virtuales organizadas por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Bajo ese sistema, los periodistas debían enviar sus preguntas, pero solo algunas eran leídas por los presentadores y las autoridades daban respuestas generales o imprecisas.
Algunos comunicadores estaban seguros que se dejaban afuera las preguntas incómodas. Carolina Mela, periodista de investigación, que pasó a reforzar el equipo del noticiero en la cadena Ecuavisa en Guayaquil, alertó sobre la falta de un protocolo para el manejo de los cadáveres, pero nunca tuvo respuesta de la autoridad sanitaria. “He criticado desde el inicio las ruedas de prensa sin la prensa, eso fue un verdadero desastre. Antes que explotara lo de los muertos, traté de hacer preguntas sobre el protocolo de manejo de cadáveres, dónde los iban a llevar, si iba o no a haber cremación. Solo una vez pasaron mi pregunta y la formularon mal, de una manera extremadamente general”, critica.
Con los pedidos de información pasa igual. El Ministerio de Salud es la entidad con mayor número de quejas. Casi nunca responden y si lo hacen la información es incompleta. La periodista de Ecuavisa solicitó información sobre los insumos de bioseguridad y el personal sanitario contagiado y recibió información incompleta después de tres días. En otros emails preguntó por el cerco epidemiológico de la alcaldesa de Guayaquil, la tardanza en comunicar los resultados e insistió con el protocolo para los cadáveres, pero el silencio fue la única respuesta.
La falta de transparencia es evidente. Ahora que se ha cambiado el boletín de situación de la pandemia, y se informa sobre la fecha de inicio de los síntomas de la enfermedad en lugar de la fecha de la confirmación hay algunas inconsistencias. Por ejemplo se sabe que para el 29 de febrero, cuando se reportó el primer caso de COVID-19 en Ecuador, ya había al menos 28 personas sintiendo los embates de la enfermedad y cuándo se restringió la circulación y se cerraron las fronteras, el 17 de marzo, casi 2.000 presentaban los síntomas aunque los casos confirmados para esa fecha eran 58.
La provincia de Guayas, que incluye a Guayaquil, concentra casi el 70% de los casos de COVID-19 confirmados en Ecuador hasta el 17 de abril: 5.777 personas enfermas y 193 fallecidos, según la estadística oficial. Pero hay otros datos disonantes como las 675 “muertes probables” por la enfermedad que no se sabe en qué localidad ocurrieron y los más de 6.700 cadáveres que han sido recogidos en Guayaquil, los primeros 15 días de abril, según Jorge Wated, el funcionario encargado de dar con los cuerpos insepultos. Sin embargo, se desconoce cuántos de esos miles han fallecido por COVID-19.
“La información es muy dispersa, en el tema de los fallecidos hay mucha información. Wated da cifras distintas a mi me dijo un número, a otro medio le dijo otro número. No sé si no tienen los datos o se confunden”, dice Karla Pesantez, periodista en Guayaquil del portal Primicias, y se vuelve a las ruedas de prensa que no termina de ser efectivas. Ahora las autoridades están ensayando ruedas de prensa a través de Zoom para que los periodistas pregunten directamente, pero es tal la cantidad de comunicadores que se conectan que no todos pueden plantear su pregunta. Además está la limitante del tiempo. Estos espacios suelen durar una hora, excepcionalmente y por el tema económico ha habido encuentros de hasta dos horas. Un último recurso que usan funcionarios como la ministra de Gobierno, María Paula Romo, es dar respuesta a través de sus redes sociales, pero nuevamente esto anula la posibilidad de repreguntar y volvemos al inicio.
Cubrir la pandemia del coronavirus en Guayaquil, una de las ciudades más afectadas en Sudamérica, ha resultado letal para el periodismo. Hasta el 20 de abril, 13 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que laboraban en esa ciudad han muerto. El doloroso inventario, hecho por la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, incluye a Luis Alberto Flores, de radio Estrella; Olmedo Méndez, de radio Universal Guayaquil; Roberto Román, de WQ Radio; Víctor Hugo Peña, de Ecuavisa; Ángel Sánchez, de la Prefectura de Guayaquil; Manuel Varas, de Radio Caravana; Paúl Tobar de Canal Uno y Augusto Itúrburu, de diario El Telégrafo. A esta lista se suman Carlos Loor, tramoyista de Canal Uno; y Omar Paredes, chofer de diario Extra; Omar Salvatierra, productor radial de i99; Fernando Albán, excamarógrafo de RTS y TC Televisión; Rosendo Escobar Cárdenas, propietario de RVT Satelital 91.5 FM.
Al hilo de esto, la Fundación Periodistas Sin Cadenas ha indagado sobre cómo están trabajando las redacciones en Guayaquil. Lo que salta a la vista es que todos los equipos periodísticos están mermados. Además de los periodistas que lamentablemente han fallecido, hay periodistas contagiados, otros que han pedido no trabajar y otros que han sido aislados por sus circunstancias personales. “Están trabajando con el 40% del personal”, asegura Allen Panchana, periodista independiente y catedrático de la Universidad Católica de Guayaquil. “No tenemos economías mediáticas poderosas que den el respaldo a los periodistas, tengo amigos que se han pagado sus pruebas de COVID-19 y otros que han llegado a dormir en hoteles por miedo a contagiar a sus familiares”.
Los medios que mantienen la cobertura de calle se cuentan con los dedos de una mano. Los diarios Expreso y Extra, que han hecho una cobertura más allá de la información oficial, mantienen a unos 30 periodistas activos. Están divididos en dos grupos de trabajo, que hacen turnos semanales, pero no todos van a la redacción. “En mi grupo iremos unos cinco a la redacción”, cuenta la periodista Cristina Bazán y añade que son menos los que salen a reportear. “Solo una o dos personas están asignadas a hacer recorridos de cosas específicas, eso depende de la coyuntura, a veces vamos a hospitales, cementerios, a ver el tráfico previo al toque de queda”.
Juan Manuel Yépez, editor de contenidos de ambos periódicos guayaquileños, cuenta que los directivos les hicieron decidir cómo iban a trabajar. “Nosotros dijimos vamos a hacer el mejor periódico posible y garantizar a nuestros lectores que todo lo que van a leer está comprobado y contextualizado”. Como eso significaba seguir en movimiento, la empresa les dotó de todos los implementos para protegerse, menos los trajes de bioseguridad, que ya no existen en el mercado local. “La empresa nos ha dado todo para controlar el posible contagio. Además para entrar a la redacción tienes que desinfectarte, te toman la temperatura y te obligan a llevar mascarilla y usar guantes dentro de la redacción”, relata el editor.
El diario Expreso tuvo la particularidad de haber entrevistado a la hermana de la paciente cero, que murió poco después por COVID-19. La periodista Estefanía Ortiz halló a la mujer fuera de su casa, en la ciudad costera de Babahoyo, sin ninguna medida de protección. Con su reportaje evidenció el mal manejo del círculo epidemiológico. Luego se comunicó con el Ministerio de Salud para saber cómo proceder, pero no hubo respuesta. La empresa de comunicación tuvo que pagar su prueba en un laboratorio privado y poner a la periodista en cuarentena hasta descartar la presencia del coronavirus.
La información que las dos cabeceras periodísticas siguieron publicando puso en duda la verdad oficial, sobre todo, con el mal manejo de los muertos en Guayaquil. Eso despertó a un organismo de control, que persiste en la Ley de Comunicación, a pesar de la reforma que se hizo a inicios de 2019. El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación envió dos oficios en los que les exhortó a “mejorar sus prácticas periodísticas” tras la publicación de notas relacionadas con el hallazgo de cadáveres víctimas del coronavirus en las calles de esa ciudad portuaria. La respuesta de los directivos del medio fue contundente: “Todas nuestras noticias (y titulares) son debidamente ponderadas por nuestros periodistas y editores, que reflejan las súplicas de miles de guayaquileños que se enfrentan a una pandemia sin precedentes en la historia de la humanidad. La realidad no la vamos a suavizar, pues hacerlo sería, ahí sí, faltar al ejercicio transparente de nuestro deber de comunicación”.
La maquinaría de comunicación del Estado se ha aplicado a fondo para desmentir las noticias falsas y difundir sus contenidos propios durante la emergencia sanitaria. Además de la actualización de datos, que antes se entregaba dos veces al día y ahora solo por la mañana, las cadenas nacionales con el resumen de la gestión pública son recurrentes y abrumadoras. En muchos casos se reducen a mostrar los recorridos de los funcionarios públicos por hospitales y barrios pobres, la adquisición de insumos hospitalarios y la ayuda humanitaria que llega al país. El riesgo de esto es que muchos medios, que no tienen la posibilidad de hacer coberturas propias, empiezan a reproducir estas piezas que tienen una finalidad propagandística.
La historia de los muertos insepultos que aparecían en los barrios pobres de la ciudad, que ha sido uno de los escándalos que ha trascendido a nivel mundial, no apareció en ninguna de estas piezas. Solo cuando no pudieron negar el colapso de morgues y cementerios, reconocieron el problema, pero empezaron a mostrar la eficacia de la Fuerza Pública que día tras día se ocupa de recoger y enterrar los restos de estas personas. Parecería que ahora todo está controlado, pero las redes sociales siguen arrojando denuncias. Muchas personas denuncian que los cuerpos de sus seres queridos siguen extraviados en los hospitales y otros tantos no saben dónde han sido enterrados. Pero nuevamente las autoridades niegan la evidencia.
La posibilidad de preguntar y repreguntar a las autoridades estuvo vedada hasta hace poco. Eso provocó el reclamo de varios periodistas que a través de una carta colectiva, hecha pública el 10 de abril, pidieron que se cambie la modalidad de las ruedas de prensa virtuales organizadas por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Bajo ese sistema, los periodistas debían enviar sus preguntas, pero solo algunas eran leídas por los presentadores y las autoridades daban respuestas generales o imprecisas.
Algunos comunicadores estaban seguros que se dejaban afuera las preguntas incómodas. Carolina Mela, periodista de investigación, que pasó a reforzar el equipo del noticiero en la cadena Ecuavisa en Guayaquil, alertó sobre la falta de un protocolo para el manejo de los cadáveres, pero nunca tuvo respuesta de la autoridad sanitaria. “He criticado desde el inicio las ruedas de prensa sin la prensa, eso fue un verdadero desastre. Antes que explotara lo de los muertos, traté de hacer preguntas sobre el protocolo de manejo de cadáveres, dónde los iban a llevar, si iba o no a haber cremación. Solo una vez pasaron mi pregunta y la formularon mal, de una manera extremadamente general”, critica.
Con los pedidos de información pasa igual. El Ministerio de Salud es la entidad con mayor número de quejas. Casi nunca responden y si lo hacen la información es incompleta. La periodista de Ecuavisa solicitó información sobre los insumos de bioseguridad y el personal sanitario contagiado y recibió información incompleta después de tres días. En otros emails preguntó por el cerco epidemiológico de la alcaldesa de Guayaquil, la tardanza en comunicar los resultados e insistió con el protocolo para los cadáveres, pero el silencio fue la única respuesta.
La falta de transparencia es evidente. Ahora que se ha cambiado el boletín de situación de la pandemia, y se informa sobre la fecha de inicio de los síntomas de la enfermedad en lugar de la fecha de la confirmación hay algunas inconsistencias. Por ejemplo se sabe que para el 29 de febrero, cuando se reportó el primer caso de COVID-19 en Ecuador, ya había al menos 28 personas sintiendo los embates de la enfermedad y cuándo se restringió la circulación y se cerraron las fronteras, el 17 de marzo, casi 2.000 presentaban los síntomas aunque los casos confirmados para esa fecha eran 58.
La provincia de Guayas, que incluye a Guayaquil, concentra casi el 70% de los casos de COVID-19 confirmados en Ecuador hasta el 17 de abril: 5.777 personas enfermas y 193 fallecidos, según la estadística oficial. Pero hay otros datos disonantes como las 675 “muertes probables” por la enfermedad que no se sabe en qué localidad ocurrieron y los más de 6.700 cadáveres que han sido recogidos en Guayaquil, los primeros 15 días de abril, según Jorge Wated, el funcionario encargado de dar con los cuerpos insepultos. Sin embargo, se desconoce cuántos de esos miles han fallecido por COVID-19.
“La información es muy dispersa, en el tema de los fallecidos hay mucha información. Wated da cifras distintas a mi me dijo un número, a otro medio le dijo otro número. No sé si no tienen los datos o se confunden”, dice Karla Pesantez, periodista en Guayaquil del portal Primicias, y se vuelve a las ruedas de prensa que no termina de ser efectivas. Ahora las autoridades están ensayando ruedas de prensa a través de Zoom para que los periodistas pregunten directamente, pero es tal la cantidad de comunicadores que se conectan que no todos pueden plantear su pregunta. Además está la limitante del tiempo. Estos espacios suelen durar una hora, excepcionalmente y por el tema económico ha habido encuentros de hasta dos horas. Un último recurso que usan funcionarios como la ministra de Gobierno, María Paula Romo, es dar respuesta a través de sus redes sociales, pero nuevamente esto anula la posibilidad de repreguntar y volvemos al inicio.
