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Una mujer sostiene un letrero que dice “Amor en tiempos de COVID-19” durante una manifestación denominada para apoyar a las personas afectadas por el coronavirus (COVID-19) en Managua, Nicaragua el 14 de marzo de 2020
El 12 de marzo Confidencial reveló un Protocolo de respuesta al coronavirus elaborado por el Ministerio de Salud (Minsa) de Nicaragua, en el que se describen algunas de las medidas internas que ha adoptado el Gobierno para responder a la pandemia del Covid-19.
En el protocolo oficial del Minsa, que hasta ese momento era mantenido en secreto, el Gobierno proyecta que en seis meses el coronavirus contagiará a 32,500 personas y producirá 813 muertos. Sin embargo, a pesar de esta advertencia que epidemiólogos independientes consideran extremadamente conservadora, el Ministerio de Salud no ha diseñado una estrategia de prevención basada en campañas de información hacia la población y medidas para evitar la propagación del virus.
Mientras los países cercanos de la región, El Salvador, Costa Rica y Honduras, adoptaron de forma temprana medidas de distanciamiento físico como la suspensión de clases, el cierre de las fronteras y cuarentenas internas, para prevenir la propagación del virus, en las máximas autoridades de Nicaragua ha prevalecido una actitud de negación y secretismo, que antepone el delirio de poder de los gobernantes frente al derecho a la salud y a la vida de los ciudadanos.
A pesar de que el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud designó el brote del coronavirus como una pandemia, la vicepresidenta Rosario Murillo convocó el sábado 14 de marzo a una manifestación masiva del partido de gobierno y los servidores públicos en Managua, financiada con los recursos del Estado. Fue una especie de caminata y carnaval, bajo el eufemístico título de “Amor en tiempos de covid-19” en el que participaron decenas de miles de personas, ante el elocuente silencio del enviado especial de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
El 18 de marzo el Gobierno anunció el primer caso confirmado de coronavirus, seguido por reportes de un segundo caso el 20 de marzo (ambos casos “importados”). La semana siguiente, el gobierno anunció catorce casos“sospechosos” bajo vigilancia, pero nadie sabe a ciencia cierta cuántas pruebas de coronavirus se han hecho en Nicaragua, ni cuántos casos de enfermos positivos existen, ni cuál es su verdadero estado de salud, ni tampoco cuál es el nivel propagación en que se encuentra la pandemia en el país, porque el Gobierno maneja la información pública con secretismo.
Desde que Daniel Ortega regresó al poder en 2007, instauró un régimen político autoritario de transparencia cero, guiado por el afán de su esposa, la ahora vicepresidenta, de imponer su estrategia de “información incontaminada”, es decir, su verdad oficial sin pasar por el contrapeso de la prensa y las preguntas incómodas de los periodistas independientes. En tiempos de la pandemia del coronavirus el control sobre la información pública ha sido aún más centralizado. La vicepresenta, que actúa como vocera del Estado, mantiene su rutina de leer un monólogo diario para la radio y la televisión oficial, mientras en las conferencias de prensa del Ministerio de Salud está vedado el acceso a los medios independientes y a la prensa internacional, y únicamente pueden asistir los medios oficiales y los pertenecientes al consorcio privado de la familia presidencial.
El 26 de marzo, finalmente el Gobierno anunció el fallecimiento del primer ciudadano nicaragüense contagiado por el coronavirus, y un día después reveló dos nuevos casos positivos. Para entonces había desperdiciado 16 días valiosos en que pudo haber informado a la población y adoptar medidas preventivas ante el coronavirus, pero más bien de forma irresponsable promovió acciones que apuntan a propagar el contagio entre miles de personas.
La noticia del primer fallecido provocó una tendencia automática de suspensión de actividades en el comercio, los colegios privados y muchas empresas, e incluso en el comercio informal. Pero la vicepresidenta siguió alentando la actividad gubernamental, la celebración de ferias, asambleas, eventos turísticos, los planes para celebrar las vacaciones de semana santa, y ordenó miles de visitas casa por casa de los funcionarios públicos, propiciciando más contactos entre la población.
La irracionalidad del régimen que se resiste a declarar una emergencia para prevenir el coronavirus, ha generado toda clase de conjeturas sobre cuáles son sus objetivos ulteriores. Algunos aluden al estado de salud mental de los gobernantes, como si esto pudiera ser un atenuante para la comisión de crímenes de Estado. Otros aducen razones de cálculo político y económico, indicando que el Presidente quiere evitar a toda costa que se vea afectada la supuesta normalidad económica que hay en el país. La prioridad de este régimen que se proclama “cristiano, socialista y solidario” no parecen ser los seres humanos, ni siquiera la economía, sino únicamente recaudar los impuestos que mantienen a flote las finanzas públicas para pagar la planilla de la represión. Después de que las protestas cívicas que comenzaron en abril de 2018 fueron brutalmente reprimidas, dejando más de 300 asesinatos en la impunidad, la dictadura de Ortega impuso un estado policial de facto que mantiene más de 60 presos políticos y ha conculcado el derecho de reunión, la libertad de movilización, las libertades de prensa y de expresión. De manera que mucho antes de la inminente llegada del coronavirus, Nicaragua ya ha vivido dos años consecutivos de recesión económica provocada por la crisis política del régimen.
¿Cuál será el desenlace del coronavirus en Nicaragua en los próximos 15 o 30 días? es una apuesta impredecible. A contrapelo de la inacción del Gobierno, se ha convocado a una gran cruzada ciudadana con el apoyo de médicos y epidemiólogos, medios de comunicación independientes, gremios empresariales, colegios y universidades, familias y comunidades, la Iglesia católica y evangélica, para derrotar el secretismo y prevenir el coronavirus.
Desde la sociedad civil, se ha promovido una cuarentena voluntaria para enfrentar la pandemia. Mientras tanto, la redacción de Confidencial y Esta Semana, los medios independientes que dirijo desde hace más dos décadas, siguen estando ilegalmente ocupados por la Policía desde el 14 de diciembre de 2018, y nuestros reporteros siguen informando la verdad. Trabajamos de forma remota, igual que en los últimos 16 meses, y divulgamos nuestros contenidos en internet y a través de las redes sociales en YouTube y Facebook, para desafiar la censura televisiva de la dictadura aliada del coronavirus.