Las personas, mostrando imágenes de supuestas víctimas de bandas de narcotraficantes, se manifestaron en una reunión durante la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad que viajó a través de ciudades y estados del sur de México afectados por la violencia relacionada con las drogas. Los miembros de la Caravana fueron objeto de acoso

Las personas, mostrando imágenes de supuestas víctimas de bandas de narcotraficantes, se manifestaron en una reunión durante la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad que viajó a través de ciudades y estados del sur de México afectados por la violencia relacionada con las drogas. Los miembros de la Caravana fueron objeto de acoso

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El 21 de enero el grupo de WhatsApp se saturó de mensajes por una nueva emergencia: un grupo de hombres armados detuvo, amenazó y despojó de sus equipos fotográficos y celulares a tres periodistas, que acompañaban a Marichuy Patricio Martínez, la candidata independiente a la presidencia representante del Consejo Nacional Indígena, en su gira por el estado de Michoacán, en una visita a un pueblo de la llamada Tierra Caliente.

Los periodistas a bordo de una camioneta iban tomando fotografías de los campos y el atardecer cuando una suburban llena de hombres armados, apuntándoles con armas, les quitaron sus pertenencias. No valió de nada que uno de ellos les aseguró las fotografías no tenían que ver con ellos. “No chillen”, les contestó el jefe de los criminales, quien les dijo que podía haberles ido peor.

Como siempre, las primeras horas son de tensión máxima. Entre periodistas que estamos fuera de la zona y con colegas de Michoacán intercambiamos información sobre lo ocurrido, investigamos los nombres de quienes están en peligro, intentamos contactarlos, verificamos si las organizaciones dedicadas a la protección de periodistas estén enteradas. Descansamos hasta que verificamos que están bien, en un lugar seguro, fuera de peligro, atendidos por alguna organización y resguardados por autoridades.

Esta forma de inhibir la libertad de expresión se están haciendo habitual en México donde muchas carreteras y caminos son controladas por el crimen organizado, siempre bajo la tolerancia o complicidad de algún nivel de gobierno.

Desde hace tiempo el riesgo ya no es sólo publicar, es simplemente pasar por un territorio “controlado”. Es dónde pones el pie, aunque ni siquiera te hayas bajado del auto a reportear.

Ese tipo de alertas, sobre periodistas detenidos, amenazados, encañonados, despojados de sus pertenencias o desaparecidos, son cada vez más frecuentes.

En los cursos de seguridad que recibimos los periodistas mexicanos, además de las enseñanzas de estrategias de protección digital, se ha hecho común recibir instrucciones sobre cómo ingresar a lugares peligrosos. Nos enseñan a elaborar protocolos similares a los que realizarían cualquier compañía petrolera en zona de guerra para sus empleados. Cada vez que salimos a terreno debemos preguntar a nuestras fuentes los peligros en la zona. Pedimos a alguien que nos monitoree, dejamos el trazo de nuestra ruta hora por hora, una lista de contactos de emergencia y hasta nuestro tipo de sangre. Sabemos que siempre debemos contactar a periodistas confiables de la zona a donde vamos, y preguntar los cárteles que controlan por región y las autoridades que pudieran estarlos protegiendo y de las que habríamos de desconfiar. Establecemos medios de comunicación seguros. También armamos un plan en caso de que a alguno le perdamos la pista o no vuelva a contactarse.

Pero, repito: el peligro ya no es únicamente es lo que se investiga, sino en sí mismo el camino.

La situación es tan extrema que un requisito que me puso una fundación para financiar un proyecto de investigación a mi cargo fue que contratara un seguro de vida para todo el equipo. ¿Es exagerado? Ahora no lo creo.

 

El sábado 13 de de mayo de 2016 – dos días antes del asesinato del periodista sinaloense Javier Valdez-, en Guerrero, al sur del país, más de 100 hombres armados y encapuchados – muchos de ellos jóvenes casi adolescentes, algunos drogados – detuvieron dos camionetas donde se trasladaban siete reporteros que salían de reportear en un municipio cercano. Les quitaron computadoras, cámaras fotográficas y de video, teléfonos celulares, dinero, identificaciones y una de las camionetas.

Una de las personas armadas encañonó a uno de ellos y le advirtió que no avisaran en el retén militar cercano: “Si dicen lo que les pasó los vamos a comer vivos. Los estaremos vigilando”.

El caso sigue impune. El gobierno estatal intentó cerrar el caso ofreciendo dinero a los afectados. Las autoridades federales, aunque tienen la denuncia, no han entrado a ese territorio tomado.

Al cubrir protestas sociales en México siempre se corre el riesgo de salir golpeado, gaseado, amenazado o despojado de cámaras fotográficas por policías –o algunas veces manifestantes- que odian la presencia de la prensa. Pero desde hace tiempo los periodistas debemos cuidar por dónde vamos a pasas, quién controla el territorio, cuáles son las reglas no escritas. Investigar qué tan perturbador es que un periodista transite por sus territorios. O si les molesta es que pase cualquier desconocido, cualquier ciudadano que les parezca sospechoso.

Mes y medio antes el susto de los periodistas le Guerrero pasó otro susto el equipo de la cadena internacional Al Jazeera. Tres de sus periodistas se dirigían de madrugada a hacer un reportaje sobre jornaleros migrantes en Navolato, Sinaloa. Mientras esperaban afuera de un mercado a un académico que los guiaría en su recorrido unos hombres los capturaron: apuntándoles con una pistola los obligaron a sentarse en la parte trasera de su camioneta, los amarraron, les cubrieron los rostros con sus playeras y los llevaron a otro sitio. Durante 45 minutos los interrogaron exigiéndoles que dijeran para quién trabajaban, por qué estaban en el sitio donde los detuvieron. Se convencieron de que eran periodistas cuando les revisaron las maletas y encontraron un teléfono satelital, cámaras, micrófonos.

Al cerciorarse de su identidad los liberaron. Les pidieron disculpas por haberlos confundidos con enemigos de un grupo rival con el que están en guerra. Por haberlos confundido en esa zona “caliente”.

El control territorial no es nuevo. Pero se intensificó desde la política conocida como “Guerra contra las Drogas”, lanzada en 2006 por el presidente Felipe Calderón, a partir de la cual se intensificó la disputa por el territorio, por las rutas para el tráfico de drogas.

Víctima de esta disputa territorial desapareció el fotógrafo freelance mexicoamericano Zane Plemmnos. Fue en de mayo de 2012 cuando fotografiaba una balacera en Tamaulipas, un estado colindante con Texas que el primer lugar nacional en desaparición de personas. Plemmons nunca regresó al hotel, pero personas enmascaradas entraron a su cuarto a sacar sus pertenencias.

El 27 de abril de 2010, la caravana humanitaria que se dirigía al pueblo indígena de San Juan Copala, en Oaxaca, donde había tensión comunitaria, y fue emboscada por un grupo paramilitar que tenía al pueblo cercado. Los activistas Bety Cariño y Jiry Jaakola fueron asesinados, en trando dos periodistas que cubrían la caravana – Erika Ramírez y David Cilia, colaboradores de la revista Contralínea – y dos defensores de derechos humanos, heridos, tuvieron que esconderse en las montañas. Hasta 3 días después, y tras mucha presión, la policía de Oaxaca acudió a rescatarlos.

Otra situación fue la que vivieron un periodista y un camarógrafo del grupo Multimedios, en Tamaulipas, enviados a cubrir la violencia. En un testimonio, el periodista Raymundo Pérez Arellano, escribió: “Yo puedo contarles sobre la censura y la intimidación hacia los periodistas en esta guerra absurda que se vive en el país. El 3 de marzo de 2010 fui secuestrado junto a un camarógrafo en Reynosa, Tamaulipas, por un grupo de la delincuencia. Estábamos cubriendo la guerra entre los Zetas y el Cártel del Golfo. Yo sentí el frío acero de una pistola en mi cabeza y escuché la sentencia de muerte: llévenselos y denles piso. Al final no nos mataron. Pero nos advirtieron: no queremos ver a los de la prensa aquí, porque ustedes publican y nos calientan la plaza.”
Así comienza el testimonio donde cuenta las horas de retención, torturas, interrogatorios, debido a que pensaron que formaban parte del grupo de Los Zetas, o que eran militares recabando información. No le valía de nada su identificación, o que les pidiera que llamaran a su redacción a cerciorarse de que era un periodista. Esa semana cinco periodistas tamaulipecos fueron desaparecidos.

Un drama similar sufrieron tres periodistas, de Televisa y Multimedios, que cubrían en Durango un motín en una cárcel, quienes, en julio de 2010, fueron capturados al alejarse de la zona, interrogados sobre quiénes eran. Cuando convencieron a sus captores de que eran periodistas ellos exigieron a sus empresas que publicaran un video contra sus rivales, Los Zetas, por los que los estuvieron torturando por durante cinco días. Luego los liberaron.

Nuevos aprendizajes

La entrada a territorios en disputa, o ya cedidos por el Estado a los carteles, es cada vez más complicada. Cada reportaje de investigación sobre terreno requiere su propio protocolo. Una nota tan inocente como la cobertura de personas con desnutrición puede tornarse en una pesadilla si descubres que la gente de la comunidad cambió la siembra maíz por amapola, o si te enteras de que el barrio marginado de tu ciudad donde debes cubrir un accidente está controlado por narcomenudistas.

De pronto optar o no por seguir una calle o una ruta se convierte en decisión de vida o muerte. Cuando te das cuenta ya estás caminando sobre arenas movedizas.

EN 2011, cuando cubrí la Caravana por la Paz, acompañando a familiares de victimas de la violencia en su recorrido por el país, cuando llegamos al Sur de Veracruz ingresamos en una pesadilla porque descubrimos que estábamos siendo vigilados. O en 2014, en Iguala, en Guerrero, a donde un grupo de reporteros íbamos a indagar por la desaparición de los 43 estudiantes éramos seguidos por motociclistas, veíamos a desconocidos tomándonos fotos, teníamos vigilancia en los restorantes y a la puerta del hotel, a pesar de que la ciudad estaba custodiada por militares y policías federales.

Recuerdo haber reporteado en comunidades a donde no debí de haber ingresado: en la Sierra Tarahumara fui advertida de que regresara por el camino donde llegue, que ni se me ocurriera preguntar, porque desde antes de llegar ya sabían que me estaba acercando. Lo mismo me pasó en Texas, la frontera con México.

Los narcotraficantes requieren el control de la población, y del camino. Lo que está en juego es el control de las rutas, de ciertas poblaciones . Si te acercas te conviertes en una amenaza.

Los últimos talleres de capacitación que he recibido son indicadores de cómo la situación mexicana empeora, se descompone. Los entrenamientos ya no son sólo sobre cómo sobrevivir a secuestros o aplicar primeros auxilios ahora incorporaron ejercicios para saber qué hacer en caso de balaceras o a distinguir armas.

La agresión de Michoacán contra quienes cubrían el recorrido de la candidata Marichuy Martínez, no será la última. 2018 es año electoral y la costumbre indica que cada candidato que busque la Presidencia, o que quiera un cargo de elección popular, tendrá  periodistas siguiéndolo. Las rutas no son seguras, muchos caminos están tomados. La seguridad logística nunca contempla a quien no sea el candidato o su propia comitiva.

La triste realidad es que nos toca a los periodistas cuidarnos a nosotros mismos y entre nosotros.

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